Conflicto en la Producción de Pasaportes
El litigio entre la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el convenio de $1,3 billones firmado con Portugal para la producción de pasaportes en Colombia se enfrenta a una significativa demora debido a requisitos judiciales internacionales. Esta situación es consecuencia de la necesidad de realizar una notificación formal a la Imprenta Nacional de Portugal a través de una carta rogatoria, así como de la traducción oficial de la demanda al idioma portugués. Estos trámites otorgan al gobierno de Gustavo Petro una oportunidad para avanzar en la implementación del nuevo modelo de pasaportes, cuyo lanzamiento está programado para mayo de 2026.
Decisión del Tribunal
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el pasado 15 de diciembre una solicitud de aclaración presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, estableciendo que la notificación a la entidad portuguesa debe realizarse mediante un procedimiento internacional. El tribunal dijo: «En el caso de que, sin que LIBRAR Carta Rogatoria (y sus anexos), por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y/o la autoridad central, se dirija a la autoridad judicial competente de la IMPRESA NACIONAL – CASA DA MODA, S.A.”.
Este proceso, que requiere la intervención de la Cancillería y la traducción de todos los documentos al portugués, podría prolongarse durante varios meses antes de que el caso sea discutido en profundidad. Según la decisión, la Procuraduría, actuando como parte demandante, deberá asumir los costos y la entrega de las traducciones oficiales en un plazo de diez días hábiles.
Antecedentes del Conflicto
El origen de este conflicto se remonta al 28 de julio de 2025, fecha en la que se firmó el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, que respalda el nuevo esquema de expedición de pasaportes en Colombia. La Procuraduría presentó una demanda contra el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, solicitando la nulidad del convenio y la suspensión de los pagos de la Cancillería a la entidad portuguesa. El magistrado José Élver Muñoz admitió la demanda el 20 de octubre de 2025 y notificó a las partes el 29 de octubre.
El Fondo Rotatorio de la Cancillería cuestionó la orden del Tribunal sobre las notificaciones, alegando que la Imprenta Nacional de Portugal, al ser una entidad pública extranjera, no podía ser tratada como una entidad colombiana. Por lo tanto, solicitó que la notificación se realizara a través de un trámite internacional, destacando la importancia de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y la traducción de la demanda. El Tribunal aceptó esta solicitud y ordenó que la notificación se realice mediante carta rogatoria, un proceso que podría tardar varios meses y permitiría que el Ejecutivo avance en el nuevo modelo de pasaportes antes de que termine el actual mandato presidencial.
Cuestiones Adicionales
Paralelamente, el Fondo Rotatorio planteó preocupaciones sobre la doble función de la Procuraduría, que actúa como demandante y, a la vez, como agente especial encargado de velar por el ordenamiento jurídico y los derechos procesales. Argumentó que esta situación podría alterar el equilibrio procesal y solicitó la designación de un procurador ad-hoc externo o que la función fuera asumida por la Defensoría del Pueblo. Aunque el Tribunal no aceptó esta solicitud, corrigió un error de redacción en el auto inicial y determinó que no se notificara al Ministerio Público, dado que la Procuraduría ya actúa como parte demandante, por lo que no era necesario un procurador ad-hoc o trasladar la función a la Defensoría.
Con estas determinaciones, la Cancillería obtiene una ventaja inicial en un proceso que, debido a los trámites internacionales y las exigencias de traducción, podría extenderse más allá de lo previsto.