Ruptura de la alianza política en Tierra del Fuego
El gobernador Gustavo Melella ha decidido desvincularse del kirchnerismo, generando una crisis en la política de Tierra del Fuego. Esta decisión fue tomada tras el escándalo ocurrido durante la madrugada del feriado del viernes, cuando la Legislatura provincial, dominada por el peronismo, derogó una ley que promovía la reforma de la Constitución provincial.
La relación de Melella con Cristina Kirchner había sido histórica, pero el reciente rechazo legislativo a su iniciativa de reforma colmó su paciencia. Fuentes cercanas al gobierno provincial afirman que esta ruptura marca un giro significativo dentro del Partido Justicialista, dada la lealtad que Melella había mostrado a la ex presidenta.
Contexto de la reforma constitucional
La reforma que Melella promovió incluía la convocatoria a elecciones para convencionales constituyentes el 9 de agosto, con el objetivo de limitar las reelecciones indefinidas de diputados y establecer controles sobre los salarios y los mandatos en cargos vitalicios en organismos provinciales.
Este proyecto había sido impulsado en un contexto de tensiones continuas con la agrupación La Cámpora, especialmente debido a la figura de Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, quien celebró la decisión parlamentaria de frenar la reforma con un mensaje en redes sociales.
Reacciones y consecuencias
- La derogación se une a otras decisiones tomadas por el bloque de Vuoto, como la aprobación de la Ley de Goteo Diario, que establece un sistema de transferencia automática de recursos a los municipios.
- Para el gobierno de Melella, esta última norma representa un ahogo financiero, sobre todo en el contexto de recortes de fondos a nivel nacional y una caída en la producción industrial en la región.
- Dirigentes cercanos a Melella han expresado su preocupación, recordando que Jorge Colazo, un exgobernador, fue destituido bajo circunstancias similares.
En este marco, el mandatario ha reafirmado su compromiso con la reforma, argumentando que su objetivo es «reducir el gasto político, fortalecer las instituciones y proyectar una provincia más justa y moderna». La situación actual deja abierta la posibilidad de un veto a la norma que ha sido aprobada por la oposición en la Legislatura, mientras el Superior Tribunal evaluará la validez de esta derogación.