El fallo favorable a Argentina
La reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que revocó la condena de 16.100 millones de dólares contra la Argentina, no concluye de manera definitiva el caso, aunque sí deja al Estado argentino en una posición notablemente ventajosa. Los pasos que deben seguir los fondos demandantes son ahora más técnicos y acotados, y las posibilidades de revertir esta resolución son bajas.
Opciones disponibles para los demandantes
Los demandantes, entre los que se encuentran Eton Park y Burford Capital —este último adquirió los derechos de litigio de Petersen tras su quiebra— aún tienen la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, abogados especializados advierten que es improbable que esta opción se materialice. La Corte Suprema recibe entre 7,000 y 8,000 peticiones anualmente y acepta revisar apenas un centenar, generalmente aquellos casos que plantean cuestiones de derecho federal con mayores implicaciones para el sistema legal del país.
Un litigio enfocado en la interpretación del derecho privado y público argentino —incluyendo los estatutos de YPF, el Código Civil y Comercial y la ley de Expropiaciones— difícilmente cumplirá con los criterios requeridos para su revisión. Además, los nueve magistrados del máximo tribunal tienen escasos motivos para involucrarse en un debate sobre normas societarias y administrativas de otro país.
Impacto en el mercado y en las acciones de Burford
Un indicador notable del impacto del fallo en el mercado se evidencia en la abrupta caída de las acciones de Burford Capital, que se desplomaron un 40% en Wall Street y un 46% en Londres, tras la publicación de la decisión. Este fondo británico de financiamiento litigioso adquirió los derechos de demanda de Petersen por 15,1 millones de euros y, de haber recibido la condena original, se habría quedado con el 70% de la compensación, mientras que el resto debía ser destinado al fisco español. La caída en su valor bursátil refleja la percepción del mercado sobre las escasas oportunidades de revertir el fallo.
Próximos pasos en el proceso judicial
El Tribunal de Apelaciones ha ordenado que el expediente regrese a la corte de primera instancia, dirigida por la jueza Loretta Preska, en el Distrito Sur de Nueva York. No obstante, este paso representa simplemente una formalidad procesal y no implica la reapertura del caso. Así funciona el sistema judicial estadounidense: los expedientes permanecen en las cortes de distrito durante el proceso de apelación ante un tribunal superior. Al resolver dicha apelación, el expediente regresa a la corte de origen para cumplir las instrucciones del tribunal superior, que en este caso son claras: revertir la condena impuesta a Argentina y confirmar el rechazo de las demandas contra YPF.
La jueza Preska, quien ha estado al frente de este litigio durante más de una década y que había ordenado a Argentina pagar 16.100 millones de dólares más intereses en septiembre de 2023, no tiene capacidad de maniobra sobre el fondo del asunto. El Tribunal de Apelaciones ha establecido que las demandas de Petersen y Eton Park no son válidas bajo la legislación argentina por dos razones principales: en primer lugar, los estatutos de una empresa no generan obligaciones bilaterales entre accionistas que permitan una demanda por daños contractuales; y en segundo lugar, la ley de expropiaciones prohíbe las acciones judiciales de terceros que interfieran con procesos de expropiación.
Conclusiones sobre el fallo
Uno de los aspectos más notables de este fallo es que el Tribunal de Apelaciones no absolvió moralmente a Argentina. Por el contrario, reconoce explícitamente que el Estado violó los estatutos de YPF y que ignorar las promesas hechas a los inversores extranjeros durante la privatización de la década de 1990 —a lo que el entonces viceministro Axel Kicillof se refirió en el Senado como “estúpido” por no respetar los estatutos— daña la reputación del país como destino de inversión. Sin embargo, el tribunal distingue entre esta valoración fáctica y la cuestión jurídica central: el recurso legal elegido por los demandantes, es decir, una demanda por daños contractuales ante un tribunal estadounidense, no tiene fundamento en el derecho argentino aplicable en este caso.
Además, el tribunal sostiene que los accionistas minoritarios no estaban completamente desprotegidos, ya que otros inversores de YPF intentaron convocar a la aplicación de los estatutos mediante los mecanismos previstos por el derecho societario argentino, impugnando resoluciones de la asamblea del 4 de junio de 2012 y recurriendo a tribunales locales. Petersen y Eton Park optaron por un camino diferente, que al final resultó ser infructuoso.
En conclusión, la Argentina ha logrado ganar la apelación y evitar el pago de una condena que representaba el 45% de su presupuesto nacional. Los próximos pasos, en el mejor de los casos para los demandantes, consisten en un intento ante la Corte Suprema que tiene pocas probabilidades de éxito. Si este intento fracasa —lo que resulta ser lo más probable— el caso se cerrará definitivamente, más de una década después de que Petersen presentara su demanda en Nueva York.