Medidas ante el aumento de amenazas en escuelas
Ante el incremento de amenazas de tiroteos en instituciones educativas, diversas provincias en Argentina han comenzado a implementar políticas más rigurosas, orientadas a trasladar los gastos de los operativos de seguridad a las familias de los infractores. Esta estrategia busca disuadir este tipo de incidentes, que resultan en despliegues policiales significativos, evacuaciones y una alteración considerable en el normal funcionamiento escolar.
Acciones en Santa Fe
La provincia de Santa Fe fue pionera en establecer esta normativa. El gobierno ha decidido que, una vez que se confirme la responsabilidad de un individuo, tanto el infractor como su familia deberán hacerse cargo de los costos de los operativos. El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, enfatizó: «No se trata de una broma, se trata de un delito». El funcionario detalló que la ejecución de cada operativo puede variar entre $5 millones y $6 millones, monto que abarca la movilización de fuerzas policiales, bomberos y equipos de emergencia.
Estas medidas fueron tomadas tras un notable aumento en las amenazas, con 65 denuncias registradas en un solo día, muchas de las cuales se originaron a través de mensajes en los baños escolares. Las autoridades llevaron a cabo allanamientos, detenciones y el secuestro de dispositivos electrónicos para localizar a los responsables.
Corrientes y la responsabilidad parental
En concordancia, la provincia de Corrientes ha anunciado que impondrá sanciones que podrían afectar a los adultos responsables. La Policía local indicó que estos casos se investigarán conforme al artículo 149 bis del Código Penal, que aborda la intimidación pública. Asimismo, se apoyan en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos menores. El jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón, aseguró: «Estamos ante una situación de emergencia y la Policía tiene una política de tolerancia cero«. Expresó que la edad de los involucrados no los excluye de sus responsabilidades legales, y las sanciones pueden ser de carácter penal, civil o contravencional, dependiendo de la gravedad del caso.
Mar del Plata y acciones judiciales
En la provincia de Buenos Aires, la Justicia de Mar del Plata ha adoptado una postura similar. El fiscal general, Fabián Fernández Garello, ha establecido que los padres de menores que sean identificados como autores de amenazas deberán cubrir los costos de los operativos y los daños ocasionados. Esta decisión se produjo tras diez episodios registrados y la imputación de un adolescente de 17 años por intimidación pública, con el fin de frenar la repetición de estos incidentes y asegurar el normal desarrollo del ciclo lectivo.
CABA refuerza controles sin multas
A diferencia de otras regiones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha aplicado sanciones económicas, pero sí ha intensificado un esquema de prevención y control. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, informó que se ha activado el protocolo educativo vigente, coordinando esfuerzos con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y organismos de protección infantil. En el °Carlos Pellegrini, también se reportó una amenaza significativa. «Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias. No se trata de una broma pesada, es un delito», afirmó.
Con este contexto, se han reforzado los controles dentro de las escuelas, aumentando la supervisión y dando seguimiento a cada caso en colaboración con la Justicia. La ministra de Educación, Mercedes Miguel, describió la problemática como global y subrayó la importancia de acompañar a estudiantes, docentes y familias. Las autoridades coinciden en que muchas de estas amenazas están ligadas a dinámicas en redes sociales, lo cual amplifica su impacto y dificulta diferenciar entre bromas y situaciones de real riesgo.
Ante este alarmante panorama, las provincias han comenzado a endurecer sus respuestas, con el objetivo de lograr un efecto disuasivo y evitar que el sistema educativo se vea nuevamente afectado por incidentes que, aunque frecuentemente no se concretan, generan un alto costo económico y social.