Varias provincias sancionan a padres por amenazas escolares
En respuesta a un aumento de amenazas a escuelas tras la masacre de San Cristóbal, algunas provincias han comenzado a aplicar sanciones a los padres de alumnos responsables. En Santa Fe, por ejemplo, se ha decidido trasladar los costos de los operativos policiales a las familias implicadas.
Reacción viral de un padre
Recientemente, se hizo popular un video que muestra la reacción de un padre al enterarse de que debe pagar más de 6 millones de pesos. En el video, el hombre exclama en varias ocasiones: «Cara la jodida» mientras una oficial le explica la sanción, que asciende a $6.024.944.
La notificación exige el pago en un plazo de cinco días hábiles y marca la primera intimación en la provincia. Esta medida forma parte de una estrategia oficial destinada a frenar un fenómeno al que se le atribuyen más de 400 denuncias en Santa Fe, con al menos 73 individuos identificados, en su mayoría adolescentes.
Costo de la intervención policial
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se explica que cada intervención policial tiene un costo aproximado de 5 a 6 millones de pesos, que puede aumentar hasta más de $11 millones según el despliegue requerido. El gobierno provincial ha manifestado su intención de recuperar cada peso gastado, advirtiendo que estos operativos afectan los recursos destinados a la prevención del delito.
Investigaciones y medidas proactivas
Una línea de investigación penal está en marcha por parte del Ministerio Público de la Acusación, que busca determinar las responsabilidades según la edad y el grado de implicación de los perpetradores. Al mismo tiempo, se están llevando a cabo allanamientos y requisas en varios puntos de la provincia para identificar a los autores de las amenazas.
Baja en las amenazas tras las sanciones
Desde el anuncio de las sanciones, las autoridades han notado una disminución en la cantidad diaria de casos, lo que se interpreta como un indicativo de que el impacto económico puede actuar como un disuasivo. El gobierno provincial enfatiza la necesidad de no tolerar amenazas, subrayando que estas acciones han dejado de ser bromas para convertirse en un grave problema de seguridad pública.
Además, la provincia destaca que las acciones propuestas no se limitan a la imposición de sanciones. Se incluye un enfoque integral que abarca el seguimiento judicial y coordina esfuerzos con áreas educativas y sociales para prevenir futuras amenazas. El mensaje es claro: las amenazas son delitos que tendrán consecuencias tangibles, tanto en el ámbito penal como en el económico.