Solicitud de cierre de la causa judicial
Los fondos Attestor Master y Bainbridge, que representaban a algunos de los bonistas involucrados en el default de 2001, han solicitado ante la Justicia de Estados Unidos el cierre de los procesos legales que mantenían pendientes contra Argentina, tras haber recibido el monto acordado con el Gobierno argentino. Esta decisión marca un avance significativo para el Ejecutivo, que se adjudica el cierre de un conflicto judicial que se inició con la crisis económica a principios del siglo.
Acuerdo y aprobación del Congreso
La notificación oficial de los acreedores llegó luego de que el Congreso argentino ratificara los acuerdos económicos alcanzados con estas entidades, como exigía la ley para proceder con el pago. Según la documentación judicial recuperada, Bainbridge presentó el pasado 29 de julio un escrito ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, el mismo que tramita la mayoría de los casos relacionados con la deuda en default, donde la jueza Loretta Preska es la asignada tras el fallecimiento del juez Thomas Griesa.
En su escrito, Bainbridge notificó que se satisfizo la sentencia emitida a su favor el 1° de diciembre de 2020, en relación a sus bonos en default, y que el 1° de abril de 2026 se firmó un acuerdo entre el fondo y la Argentina mediante el cual Bainbridge aceptó un monto pactado que cubre capital, intereses y otros reclamos. El documento afirmaba: «El fallo a favor de Bainbridge quedó totalmente satisfecho con el pago».
Impacto en los litigios
Con este avance, ambos fondos, junto a otros acreedores que conformaban el grupo de holdouts, dejarán de ser considerados litigantes activos contra el país. Según información oficial difundida en el Boletín Oficial, Bainbridge recibió 67 millones de dólares en virtud del acuerdo legislativo, mientras que Attestor habría cobrado alrededor de 104 millones de dólares, aunque los detalles de este acuerdo no se han hecho públicos.
Resoluciones pendientes
La norma que permitió estos pagos fue aprobada a finales de junio y se publicó el 1° de julio. Esta ley validó dos acuerdos: uno entre el Gobierno y Bainbridge, y otro con un consorcio encabezado por Attestor Master. El Tesoro Nacional había indicado que los pagos se registrarían como «servicios de la deuda» en el presupuesto, aunque el momento exacto del desembolso estaba por definirse; sin embargo, con los pagos ya realizados, esto ha quedado resuelto.
A pesar de la resolución de estos pagos y del cierre inminente de las causas, aún existen reclamos de bonistas individuales que no tienen la misma capacidad de presión que los grandes fondos, por un total de 2000 millones de dólares asociados al default, además de otros litigios en el exterior que suman en total casi 10,000 millones de dólares.