El litigio por las regalías de Los Nihuiles
El conflicto por las regalías de la represa mendocina Los Nihuiles, situada sobre el río Atuel, se intensifica con un nuevo desarrollo. La Pampa ha presentado ante la Justicia una medida cautelar solicitando la suspensión del decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, que asigna el 100% de las regalías a Mendoza. Esta decisión rompió con el acuerdo anterior, que repartía las regalías en mitades iguales entre ambas provincias.
Impacto político en La Pampa
La medida ha generado un fuerte temblor político en La Pampa, donde tanto la oposición radical como los referentes macristas se han unido en apoyo al gobernador Sergio Ziliotto, quien es del partido peronista. Sin embargo, también han surgido críticas hacia la estrategia judicial adoptada. Tras la publicación del decreto el pasado viernes, Ziliotto acusó a Mendoza de haber «robado» el río Atuel.
Reacción en Mendoza
Por su parte, Mendoza celebró la decisión como un «acto de justicia». En este contexto, algunos dirigentes locales intentaron apropiarse del éxito de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo.
Respuesta judicial de La Pampa
Ante esta situación, los pampeanos respondieron en la Justicia este lunes. «Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos», publicó Ziliotto en sus redes sociales.
El recurso se presentó ante el juzgado federal dirigido por Juan José Baric, juez federal de primera instancia de Santa Rosa. Ziliotto sostiene que su petición se fundamenta en un acuerdo firmado entre La Pampa y Mendoza. Hasta citó fallos de la Corte Suprema que reafirman los derechos de La Pampa sobre el río Atuel, recordando que «el río Atuel también es pampeano» y que los pronunciamientos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 reconocen su interprovincialidad.
Antecedentes legales
Ziliotto también hizo mención de un convenio suscrito en 1992 entre ambas provincias que fue homologado por la Corte Suprema. «Según ese acuerdo, Mendoza se compromete a pagar regalías a La Pampa, calculadas conforme a los porcentajes establecidos por la Ley 15.336 y el Decreto 1560/73. Ningún decreto puede anular un acuerdo existente entre las partes», expresó el gobernador.
Finalmente, Ziliotto reafirmó su determinación de no ceder en la defensa de los intereses pampeanos. «No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece. Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea», concluyó.
Determinaciones sobre el decreto 982/2026
A través del decreto 982/2026, Milei ha derogado el Decreto N° 1560/73, el cual establecía una distribución equitativa de las regalías de la represa, dando lugar al conflicto vigente. Este decreto histórico reconoció que el Atuel es un río interjurisdiccional y, por lo tanto, se debía repartir un **10%** de las ganancias equitativamente.
Desde la publicación del nuevo decreto, el gobierno de Mendoza ahora exige un pago por **53 años** de regalías compartidas, alegando que La Pampa les adeuda 680 millones de dólares más intereses. Anteriormente, con la ley 23.164 de 1984, la distribución de regalías se incrementó al 12%, siendo un 6% para cada provincia.
Hoy, se estima que el monto distribuido anualmente es de aproximadamente 2,5 millones de dólares, correspondiente a cada provincia. El cálculo se basa en el valor de la energía, que se prevé aumentará en los próximos años. El gobierno justifica el decreto actual argumentando la convocatoria a una nueva licitación para los próximos 30 años.
La base de la medida cautelar de La Pampa radica en el acuerdo de 1992 celebrado entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, homologado por la Corte Suprema. Según lo indicado, el derecho a recibir estas regalías no solo deriva del Decreto N° 1560/73, sino también de este convenio que incluye expresas obligaciones por parte de Mendoza hacia La Pampa.
En conclusión, se destaca que el Estado Nacional participó de este convenio como uno de los firmantes y no como una autoridad suprema sobre las provincias.