Corte Suprema y Ley de Tierras
La Corte Suprema de Justicia ha mantenido la anulación de la Ley de Tierras al revocar una resolución previamente favorable al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. La Corte determinó que dicha entidad carecía de la legitimidad necesaria para solicitar la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, y no abordó el análisis de fondo del asunto.
Reacciones de Fundación Techo
Juan Maquieyra, representante de la ONG Techo, expresó su preocupación sobre esta decisión y exigió que el Gobierno incluya recursos destinados a obras de integración sociourbana en el presupuesto que actualmente se debate en el Congreso. Durante una conversación en Infobae Al Mediodía, señaló que la falta de financiamiento para barrios populares coincide con la normativa que facilita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Implicaciones sobre la soberanía
Maquieyra criticó el impacto de la decisión judicial, afirmando: “A mí me parece insólito meterse a dejar a disponibilidad de cualquiera que quiera comprar la tierra argentina”. Destacó que esta acción es contradictoria con las posturas oficiales sobre la soberanía nacional, haciendo alusión al reclamo argentino de las Islas Malvinas. Se cuestionó incluso la posibilidad de que “puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia ahora, cerquita de Malvinas”.
Falta de recursos para barrios populares
El representante de Techo insistió en que el principal problema radica en la falta de fondos para proyectos de agua potable, cloacas, electricidad y accesos en barrios populares. Mencionó que no existen partidas destinadas a la integración sociourbana y denunció que el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) se encuentra completamente desfinanciado.
Propuestas de financiamiento
La ONG no exige conservar el FISU como condición, sino que demanda asegurar recursos para estas obras a través de cualquier mecanismo que el Gobierno considere adecuado. “Si el Gobierno quisiera hacerlo por otro método que no sea el FISU, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a conversarlo”, declaró Maquieyra.
Emergencia en barrios populares
Junto con Cáritas y diferentes bloques parlamentarios, Techo presentó una iniciativa para declarar la emergencia de los barrios populares y garantizar financiamiento. Según Maquieyra, más de diez bloques y alrededor de 140 diputados apoyan esta propuesta, que busca mantener intervenciones en zonas donde las familias enfrentan graves deficiencias de infraestructura y servicios esenciales.
Impactos en la infancia
Maquieyra reveló que aproximadamente 1,5 millones de niños y niñas viven en barrios con dificultades significativas en el acceso a servicios básicos. “Cuando abren la canilla del baño no saben si sale agua potable”, comentó. También subrayó los peligros derivados de instalaciones eléctricas inadecuadas y problemas de conectividad durante las lluvias, lo que impide que los niños asistan a la escuela. “Niños y niñas que cada vez que llueve mucho no pueden ir a la escuela”, lamentó.
Diferenciación de políticas sociales
Para la organización, estas condiciones adversas impactan de manera directa en las trayectorias educativas. Maquieyra cuestionó las iniciativas de inclusión y calidad educativa en el contexto de problemas que impiden a algunos estudiantes acceder a clases debido al estado de las vías de acceso a sus hogares. Además, separó las transferencias de ingresos de las políticas de vivienda e infraestructura, mencionando la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la integración sociourbana como herramientas de importancia que requieren continuidad.
Propuesta de recursos en el Congreso
Techo y Cáritas llevaron al Congreso un proyecto que contempla la asignación de recursos de forma gradual para las obras. Maquieyra afirmó que la inversión necesaria sería inferior al 1% del Producto Bruto Interno (PBI), aclarando que la propuesta no requiere un desembolso inmediato de grandes sumas de dinero. “La propuesta no dice: ‘De un día para el otro meté los 20 mil dólares que hay que poner’”, explicó, sugiriendo que el monto representa menos de la mitad de lo que el Estado recaudaría con modificaciones en el impuesto a las ganancias judiciales.
Maquieyra afirmó que han presentado esta iniciativa a funcionarios nacionales y están abiertos a discutir modificaciones al texto. “Esta no es una propuesta contra el Gobierno, esta es una propuesta a favor de un millón y medio de chicos”, enfatizó, resaltando que la intención es garantizar agua potable, electricidad segura y accesos adecuados para que los estudiantes puedan asistir a la escuela, incluso en días de lluvia.