Iniciativa durante la Argentina Week en París
En el contexto de la Argentina Week que se lleva a cabo en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaron el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina. Caputo destacó que «el anuncio responde al proceso de apertura e integración internacional que Argentina está promoviendo, junto con reformas enfocadas en fortalecer el clima de inversión y atraer capitales.»
Un faro de libertad
Santilli señaló que Argentina «se está convirtiendo en un faro de libertad«. Este programa seguirá estándares de transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI. El Gobierno recibe asesoramiento de destacadas firmas internacionales especializadas en migración por inversión, con el objetivo de implementar las mejores prácticas a nivel global.
Proceso de evaluación riguroso
Las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación exhaustivo para salvaguardar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y la reputación internacional de la ciudadanía argentina.
Mecanismos de inversión y requisitos
El programa comenzará a aceptar solicitudes en el cuarto trimestre de 2026 y ofrece dos opciones: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro de US$ 350,000 o adquirir un título público de US$ 800,000 creado específicamente para esta iniciativa. Los cónyuges e hijos del solicitante principal pueden aplicar, siempre que demuestren el vínculo y realicen los aportes requeridos.
- Los cónyuges e hijos entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, pueden solicitar la ciudadanía con un aporte de US$ 100,000.
- Los menores de 18 años podrán hacerlo con un aporte de US$ 25,000.
Un grupo familiar típico, que incluya al solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de US$ 500,000.
Evaluación y aprobación de solicitudes
La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión e involucrará a varias entidades gubernamentales, como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), y los ministerios de Seguridad e Interior. El proceso incluirá verificación de identidad, trazabilidad y legalidad del origen de los fondos, análisis patrimonial y financiero, evaluación de riesgo jurisdiccional, así como la revisión de antecedentes penales y migratorios. Tras la evaluación, la agencia enviará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, quien decidirá la aprobación o rechazo de cada solicitud.