Contexto del juicio contra Argentina
Burford Capital, el fondo de inversiones, ha anunciado su intención de solicitar a la jueza Loretta Preska que declare a Argentina en desacato en el marco de las demandas que financia contra el país por la controversial expropiación de YPF en 2012. Esta situación podría llevar a la imposición de sanciones económicas y a eventuales embargos de activos argentinos.
Incumplimiento en la entrega de información
La razón detrás de esta solicitud radica en que el gobierno argentino, a pesar de contar con plazo hasta el 10 de enero para cumplir, no ha entregado las comunicaciones de sus funcionarios y ex autoridades. Aunque el Estado tiene tiempo, según el nuevo plazo establecido por la jueza, la magistrada ya ha señalado que Argentina incumple con sus órdenes. En una audiencia reciente, Preska expresó que el incumplimiento puede resultar en un pedido de desacato.
- El país pidió una prórroga para recolectar la información necesaria.
- Se otorgó a los demandantes un periodo para formalizar su moción entre el 15 de enero y el 5 de marzo.
Participación de funcionarios
Hasta el momento, cerca de la mitad de los funcionarios y ex funcionarios involucrados han entregado sus chats de WhatsApp y correos electrónicos. No obstante, figuras clave como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno han declinado colaborar, al igual que el ex ministro de Economía, Sergio Massa, quien no ha respondido a las solicitudes de información.
Objetivos de los demandantes
Los demandantes buscan demostrar que entidades como YPF, Energía Argentina (Enarsa), y Aerolíneas Argentinas actúan como ‘alter ego’ del Estado argentino. A su vez, intentan establecer que las diferentes administraciones han implementado políticas económicas a través de estas empresas.
Esta causa por el ‘alter ego’ se desarrolla paralelamente a una apelación de fondo, donde el tribunal puede fallar en cualquier momento, lo cual ha llevado a Burford a actuar con premura para asegurar embargos.
Funcionarios que están cooperando
Los siguientes funcionarios han acordado colaborar con el caso:
- Carlos Guberman, secretario de Hacienda.
- María del Carmen Tettamanti, secretaria de Energía.
- Mariela Beljansky, ex subsecretaria de Planeamiento Energético.
- Luis Pierrini, secretario de Transporte.
- Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo.
- Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos.
- Susana Casillas, directora nacional de Crédito Público.
- Juan Rolandi, ex vicejefe de Gabinete.
- Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica.
- Antonio Milanese, subsecretario de Planeamiento y Transición Energética.
- Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete.
- Eduardo Oreste, ex asesor de la Secretaría de Energía.
- Maggie Videla Oporto, ex secretaria de Hidrocarburos.
- Raúl Rigo, ex secretario de Hacienda.
Funcionarios que aún no han respondido
Argentina todavía espera respuestas de algunos ex funcionarios, incluyendo:
- Franco Mogetta, ex secretario de Transporte.
- José Luis Daza, secretario de Política Económica.
- Jorge Domper, Tesorero General de la Nación.
- Luis De Ridder, ex subsecretario de Hidrocarburos.
- Nicolás Posse, ex jefe de Gabinete.
Entre los que no han proporcionado información también se encuentran figuras destacadas como: Sergio Massa, Eduardo «Wado» De Pedro, y Gabriel Rubinstein.