Reunión sin acuerdos
Las incesantes negociaciones entre el Gobierno y las asociaciones de docentes y no docentes universitarios alcanzaron un nuevo capítulo este jueves. Desde las 11 de la mañana, ambas partes se encontraron en el Palacio Pizzurno para llevar a cabo la discusión paritaria convocada por la Secretaría de Educación.
En esta ocasión, el Ejecutivo reiteró una propuesta de aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, idéntica a la que se planteó a principios de mes, la cual fue rechazada por todos los sindicatos. «El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas», advirtió un representante de los gremios presente en la audiencia con autoridades del Ministerio de Capital Humano.
Nuevas acciones de protesta
Los sindicatos de docentes reclamaron también los fondos estipulados en la Ley de Financiamiento Universitario, que ha sido objeto de litigios judiciales. Este incluye los mismos aumentos propuestos por el Gobierno más un ajuste de 32,5% por la pérdida salarial durante los primeros años de administración de Javier Milei.
A las 15 horas está programado un segundo encuentro con las autoridades educativas, dirigido a los gremios no docentes. Tras este, se prevé una reunión conjunta con los sindicatos docentes, donde comenzarán a planear las próximas medidas de fuerza. La opción más probable sería organizar una nueva marcha nacional en apoyo a las universidades, la quinta durante la actual gestión y la segunda en este año.
Contexto fiscal y presupuestario
Este clima de tensión se desarrolla en un contexto complicado. El Gobierno ha destinado $7.3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, cifra que representa un 33% menos de lo que los rectores han solicitado, un total de $11 billones para mantener los salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras la disputa por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario se agudiza.
Las autoridades de 60 universidades públicas estiman que cerca del 90% de los fondos necesarios se destinarán a salarios de docentes y no docentes, y el resto cubrirá gastos operativos, proyectos de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.
Conflictos jurídicos y presupuestarios
La diferencia en el presupuesto se encuentra enredada en un conflicto tanto judicial como paritario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) afirma que el Gobierno aún no ha cumplido con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, a pesar de que un fallo cautelar sigue vigente. «Insistimos en que el Gobierno debe cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que indican que debe ser aplicada», expresó Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN).
El Gobierno, por su parte, cuestiona las cifras exigidas por las organizaciones docentes y no docentes, argumentando que la implementación completa de la ley no ha sido aún ordenada por la Justicia. Los representantes oficiales sostienen que la medida cautelar permite ajustes en becas y salarios, y que el aumento previsto para octubre excede lo establecido en la resolución judicial.
Expectativas para el futuro
La administración nacional asegura que el funcionamiento de las instituciones de educación superior estará garantizado el próximo año y atribuye el desacuerdo a los salarios. Desde esta óptica, el Presupuesto prevé un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, mientras que la mayoría de los recursos se destinan a las remuneraciones del personal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se pronunció sobre el tema, negó que las políticas del actual Gobierno sean insensibles, recordando recortes anteriores. «¿Qué sensibilidad tenía [Sergio] Massa cuando recortó $70.000 millones en el 2023 para las universidades públicas? No vi ningún kirchnerista peleando por ese recorte, el más fuerte de toda la historia», comentó.
La situación actual ha llevado a que rectores de diversas universidades presenten sus propuestas presupuestarias en el Congreso de la Nación, un espacio donde se discutirá el Presupuesto 2027. En el entorno de Milei, se asegura que la política de fondos universitarios no cambiará: «Si desean más recursos, deberán indicar de qué otras áreas se reducirán los fondos». A diferencia de años anteriores, el Gobierno enfrenta una resistencia mayor para llevar a cabo recortes en sectores con alta aprobación social, como las universidades nacionales.
Además, se está considerando la posibilidad de que el inicio del próximo ciclo lectivo se vea amenazado. Esta preocupación podría ser abordada por los gobernadores en conversaciones con representantes del Gobierno, dado que más de 50 universidades dependen del Estado nacional.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, había ordenado en diciembre que el Ejecutivo cumpla con los artículos mencionados de la ley, rechazando el 1 de septiembre el pedido oficial para levantar la cautelar. La Corte Suprema confirmó su vigencia el 25 de junio. Además, el CIN ha presentado una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la ley, alegando que no había recursos asignados ni fuentes de financiamiento definidas. Las universidades también han solicitado la imposición de multas a funcionarios y el análisis de causas penales por posible desobediencia.