Conflicto judicial por la compra de una propiedad en Tandil
Un hombre adquirió una vivienda en Tandil, provincia de Buenos Aires, por un monto de US$90.000, a través de un acuerdo que incluía un anticipo y pagos mensuales. Sin embargo, surgió un conflicto entre comprador y vendedora, quien intentó anular el contrato y reclamar la devolución del inmueble.
Luego de varios años de disputas legales, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Tandil falló a favor del comprador, ordenando a la propietaria que proceda con la escrituración de la vivienda. La decisión judicial se basó en que el acuerdo continuaba vigente y que no era necesario haber completado todos los pagos para poder escriturar.
Detalles del acuerdo inicial y del conflicto
El desencadenante del conflicto se remonta al 21 de agosto de 2020, cuando Lisandro Iván Zanazzi y Sandra Liliana Rolando firmaron el contrato de compraventa. Las condiciones acordadas incluían:
- US$10.200 como anticipo al momento de la firma.
- US$79.800 como saldo pendiente.
- US$400 a pagar en cuotas mensuales a partir de diciembre de 2020.
Originalmente, la fecha prevista para la escrituración era el 21 de septiembre de 2020. Debido a las restricciones cambiarias de ese período, ambas partes acordaron que las cuotas se abonarían en pesos, utilizando un tipo de cambio intermedio entre el oficial y el blue. El comprador mantuvo que realizó los pagos regularmente y que inicialmente la vendedora aceptó estos depósitos sin mayores objeciones.
Intento de rescisión del contrato
En 2021, la propietaria intentó rescindir el acuerdo, solicitando que el comprador regresara la vivienda, lo que inició una larga serie de disputas judiciales. En septiembre de 2021, la vendedora exigió que las cuotas se pagaran en dólares estadounidenses, conforme al contrato original. Ante la negativa del hombre, ella decidió rescindir la compraventa y exigir la devolución del inmueble en un plazo de 30 días.
La señora argumentó que nunca había consentido los pagos en pesos y que la falta de cumplimiento justificaba la cancelación del contrato, además de alegar que firmó el acuerdo durante la pandemia sin el asesoramiento legal adecuado. El comprador, por su parte, desestimó tales acusaciones, continuando el proceso de pagos a través de depósitos judiciales.
La decisión de la Justicia sobre el caso
El 27 de octubre de 2026, la jueza María Silvia Guidoni se pronunció en favor de la demanda de escrituración. La magistrada estableció que nunca se condicionó la entrega de la escritura al pago total de la casa, ya que ambas obligaciones operaban de manera independiente.
Por ello, ordenó a la vendedora que realizara la escrituración en un plazo de diez días a partir de la firmeza de la sentencia y la disponibilidad del escribano para llevar a cabo ese trámite. La jueza también advirtió que, en caso de incumplimiento, la escritura podría ser otorgada judicialmente a expensas de la vendedora, siempre que sea legalmente posible.
A pesar de la decisión a favor del comprador, el tribunal desestimó una indemnización adicional de $4.600.000 solicitada, al considerar que no se probaron los daños denunciados. Finalmente, se impusieron las costas judiciales a la propietaria, aunque la resolución es de primera instancia y aún no cuenta con firmeza.