Investigación sobre la muerte de María Eduarda Rodrigues
La Policía de Brasil sigue adelante con las investigaciones relacionadas con el trágico fallecimiento de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que perdió la vida a mediados de junio durante una sesión de rope jumping. Este suceso tuvo lugar cuando fue lanzada desde un puente de 40 metros de altura sin contar con las medidas de seguridad adecuadas.
La cámara GoPro y el nuevo sospechoso
Recientemente, se ha puesto al descubierto que la cámara que Maria Eduarda sostenía en su mano derecha al momento del accidente se convirtió en una pieza clave en la investigación. Según testigos, esta cámara desapareció tras la caída y se afirma que uno de los instructores se la llevó. Este miércoles, medios brasileños reportaron que João Antônio Pivetta Ribeiro da Silva, de 35 años, fue quien le quitó la cámara GoPro a la joven, como se indica en la orden de detención emitida por la justicia.
João es uno de los tres nuevos sospechosos arrestados el pasado fin de semana, junto con Evelyne dos Santos Gonçalves, de 43 años, quien lideraba el grupo que realizaba los saltos, y Gabriel Barros Martins, de 30 años. Las autoridades esperan que estos individuos permanezcan bajo prisión preventiva durante cinco días, aunque la Policía Civil ha solicitado una extensión de 30 días para la detención mientras prosiguen las indagaciones.
Otros sospechosos y testimonios contradictorios
Estos tres nuevos arrestos se suman a los que ya estaban bajo custodia desde que se conoció la triste noticia del fallecimiento de la joven. Entre ellos se encuentran Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años, Maicon Fernandes Cintra, de 42, y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27, todos ellos instructores de paracaidismo acusados de homicidio involuntario con dolo.
Como recoge Metrópoles, los instructores han negado haber quitado la GoPro de forma intencionada, aunque varios testigos aseguraron haber visto a alguien hacerlo. La situación llevó a la policía a intensificar la investigación sobre la desaparición de la cámara, y se descubrió que existían otras dos personas vinculadas a los organizadores del evento.
El futuro de la investigación
A pesar de los esfuerzos, la cámara sigue sin aparecer. Las indagaciones sugieren que hay evidencias que apuntan a que los sospechosos pudieron eliminar contenido digital que sería relevante para esclarecer el caso. Esto resultado en la emisión de órdenes de arresto y requisas.
También se han autorizado acciones para realizar registros e incautaciones en las residencias de los sospechosos, confiscando teléfonos, dispositivos electrónicos y material que podría ayudar a la investigación. La Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado destacando esta autorización.
Las seis personas detenidas eran parte de un grupo que organizaba saltos de 40 metros desde el denominado Puente Esqueleto, cobrando tarifas de hasta R$ 180. La policía ha indicado que estas actividades fueron promovidas por colectivos informales, sin la existencia de una empresa legalmente constituida que asumiera la responsabilidad de la operación. Tras la atención mediática suscitada por el caso, los perfiles relacionados con los organizadores han sido eliminados de las redes sociales.
El oficial encargado del caso ha comentado que los sospechosos afirmaron no recordar quién era el responsable de conectar la cuerda de seguridad ni el motivo por el cual no se llevó a cabo la última verificación antes del salto.